De a pie , noticias Lunes, 7 julio 2014

Se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos ¿y la movilidad urbana dónde queda?

Fachada-Ministerio-de-Justicia

El Consejo de Ministros, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, y eso es bueno porque se trata de una herramienta de gestión que orienta las políticas públicas, enfocándolas en el respeto a los derechos humanos y ajustándolas a los compromisos internacionales suscritos por el Perú.

Algo que llamó mi atención es que el Objetivo N° 8 del Plan está orientado a la reducción del número de víctimas de accidentes de tránsito. Las acciones a adoptar implican institucionalizar la campaña “Cambiemos de Actitud” del MTC, promover la estrategia integral de reducción de accidentes de tránsito (PCM, MTC, MINSA, MININTER-PNP) y revisar la legislación sobre accidentes y seguros obligatorios (MINJUS, MTC, Poder Judicial).

Ya antes me pregunté en el blog El Último de la Vía ¿si tenía luz verde la seguridad vial en Perú y qué están haciendo nuestras autoridades en la materia? Una de las cosas que no sé aún es si la campaña “Cambiemos de Actitud” tiene indicadores y si ha obtenido algún resultado en el cambio de la actitud -o al menos en el comportamiento- de las personas. ¿Los cambios no se han dado porque se intensificó la fiscalización como en el caso del cinturón de seguridad?

Si bien la seguridad vial es importante y debe ser abarcada de una manera bastante técnica y profesional, algo que me da vueltas en la cabeza es más bien si los derechos humanos en el Perú podrían empezar a dialogar si las personas tenemos derecho a una vida digna, a calidad de vida, a que no me priven de la ciudad o a la movilidad urbana.

Pobladores de Villa El Salvador aguardan un transporte público que los traslade a sus centros de labores y estudios ANDINA

Sobre este último punto, el derecho a la movilidad vendría a ser un derecho que me permite acceder a otros derechos, como por ejemplo la alimentación, vivienda, trabajo, salud, educación. Es decir un medio que integra espacios para poder disfrutar de los derechos consagrados por la Constitución. Esto me parece algo tan lógico y obvio que cualquiera podría reconocer como válido cuando hablamos de movilidad para grupos vulnerables como las personas mayores, niños o personas con discapacidad. El cómo se viabiliza dependerá de la postura política de nuestro gobernante de turno, pero en el fondo, debería tenerse en vista el mismo objetivo mayor: que todas las personas puedan movilizarse por la ciudad de manera segura, digna, accesible y sin limitaciones.

Como primer paso hacia el derecho a la movilidad, ¿sería necesario contar con un sistema integrado de transporte que nos permita llegar a la mayoría de nuestros destinos, con veredas que nos dirijan a los paraderos y que estos se encuentren a una distancia caminable, con infraestructura para ciclistas que permita la intermodalidad con el transporte público?

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¿Cómo preferiríamos llegar a nuestro destino? ¿A pie, en bici, en transporte público, en taxi o en auto privado? La ciudad debería darnos la libertad de elegir el modo en que nos movilizamos; para ello, resuelta indispensable se nos brinde las facilidades para desplazarnos de forma segura, cómoda y costeable. De ahí que resulta lógico que todos los esfuerzos (y financiamiento) deben concentrarse en darnos un transporte público de calidad para todos.

Una vez resuelto el tema del transporte público, haremos el balance de que los desplazamientos colectivos, a pie o en bici son los que más aportan a la sociedad y por ellos las personas debemos tener prioridad en cuanto al uso del espacio público, mientras que los desplazamientos individuales en vehículos motorizados deberían compensar por su impacto en la sociedad (congestión, contaminación, accidentes, ruido, etc.). ¿Por qué? Porque así mejora la calidad de vida de todas las personas.

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Así es amigos jurisconsultos, existe un gran vacío legal en cuanto a la forma en que transitamos por la ciudad.

 

 

 

 

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